Mes: julio 2019

Con la crisis global que hemos padecido en los últimos años se ha puesto muy de actualidad el derecho bancario multiplicándose las demandas en esta materia, dado que prácticamente cualquier persona que tenga un contrato con una entidad financiera ha revisado o se ha informado de si en su contrato tiene cláusulas abusivas o no.

Se comenzó con las famosas cláusulas suelo donde a raíz de una Sentencia del Tribunal Supremo del año 2013 y posteriores resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dio pie a toda la población a revisar su hipoteca y a solicitar la nulidad de dicha cláusula y la devolución de las cantidades abonadas de más.

Le siguieron las demandas de gastos hipotecarios, donde podemos englobar 5 conceptos: gastos de Notaría, de Registro de la Propiedad, de Tasación, de Gestoría y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, siendo el más importante económicamente el del Impuesto de Actos Jurídicos, que casualmente es el único de los 5 conceptos que a día de hoy todavía no se consigue que los Jueces devuelvan al consumidor.

A la vez son muy comunes los procedimientos de ejecución hipotecaria por falta de pago de las cuotas del préstamo, materia que ha sufrido numerosos cambios, con alteraciones normativas y jurisprudenciales importantes y muy recientes. En este campo podremos oponernos a la ejecución, entre otras cosas, por la existencia de cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario, incluso de forma extemporánea dado que con la nueva reforma, antes de sacar a subasta el bien hipotecado se ha de dar la oportunidad al ejecutado de que se pronuncie sobre la existencia de cláusulas abusivas, siempre y cuando este extremo no hubiera sido valorado previamente por el Juzgado.

Dentro también del derecho bancario nos encontramos con procedimientos de reclamación de cantidad por impago de préstamos personales, de tarjetas de crédito y de tarjetas “revolving”, donde si se dan las circunstancias en el caso concreto, se podrá conseguir la devolución del principal de la cantidad prestada o del crédito dispuesto sin intereses, siempre que el tipo de interés remuneratorio aplicado en el préstamo o tarjeta sea notablemente superior al interés del dinero en el momento de la firma del contrato en relación con la media del mercado de ese tipo de créditos al consumo. O encontrarnos con el caso en que sea la propia entidad financiera quien tenga que devolver cantidades al consumidor por haber abonado más cantidad de la dispuesta, siempre que anulen la cláusula del interés remuneratorio.

En GM Abogados somos especialistas en derecho bancario dado la multitud de asuntos de esta materia que hemos resuelto con éxito, por lo que si se encuentra con un problema de este tipo no dude en ponerse en contacto con nuestro bufete.

Fdo.: GM Abogados.

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El Impuesto Sucesiones es un tributo nacional, cedido a las comunidades autónomas que son las administraciones que lo gestionan y que deciden las bonificaciones o el tipo de gravamen aplicable, encontrándonos por ello con importantes diferencias dentro del territorio nacional, de manera que dependiendo de en la comunidad autónoma en la que viviera el causante durante sus últimos años de vida, nos encontraremos con diferencias sustanciales en este impuesto para los herederos que acepten la herencia.

El hecho sujeto a tributación en el Impuesto Sucesiones es la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio y la base imponible está formada por el valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles.

En Andalucía hasta hace unos años estaban exentos de tributar los primeros 175.000 € por cada heredero, pero si se heredaban 176.000 € se pagaba por el total, no solo por los 1.000 € que pasaban del mínimo exento. Posteriormente el límite exento se modificó a 250.000 € por heredero, estando fijado en la actualidad en 1.000.000 € por heredero.

El problema es que la Administración autonómica tiene cuatro años para realizar un procedimiento de comprobación de valores o de comprobación limitada, donde podrá aumentar el valor del caudal hereditario, es decir, de los bienes heredados, si bien en la mayoría de los casos se centran en realizar nuevas valoraciones de los bienes inmuebles heredados para elevar artificialmente la base imponible y emitir una liquidación complementaria.

En este Impuesto nos encontramos con auténticas barbaridades en las valoraciones que no se corresponden ni de lejos con el valor de la herencia, así como con una norma injusta como es que se cuente en el caudal hereditario el dinero en cuentas corrientes que hubiera en el último año anterior al fallecimiento en la cuenta del difunto, aunque se lo hubiese gastado, y al exigir la administración el pago de entorno al 30% de lo heredado la sorpresa en una liquidación complementaria en el Impuesto Sucesiones suele ser mayúscula.

En GM Abogados llevamos años defendiendo a clientes en asuntos de comprobación de valores del Impuesto Sucesiones con éxito, por lo que le animamos a ponerse en contacto con este despacho.

Fdo.: GM Abogados

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Cuando compramos un inmueble de segunda mano estamos sujetos al pago del Impuesto Transmisiones Patrimoniales, estando obligados al pago de un tanto por ciento del valor real de la transmisión (valor que venga en la escritura). Ese tanto por ciento varía en función de la comunidad autónoma, siendo en Andalucía del 8%.

Pero nos centraremos en el “valor real” por ser la parte importante del impuesto al estar así configurada la base imponible del mismo.

Si bien la propia Ley del Impuesto Transmisiones Patrimoniales establece que la base imponible será el valor real de la transmisión, es decir, el valor reflejado en la escritura de compraventa, el artículo 57 de la Ley General Tributaria permite a la Administración autonómica realizar un procedimiento de comprobación de valores o uno de comprobación limitada, donde la Administración podrá, utilizando cualquiera de los métodos que fija dicho artículo, alterar el “valor real” de nuestro inmueble, aumentándolo, y con ello exigirnos el pago del impuesto transmisiones patrimoniales por la diferencia entre lo declarado por nosotros y ese valor comprobado, a través de una liquidación complementaria.

Hasta la mitad del año 2018, la Junta de Andalucía venía utilizando de manera sistemática el método de valor catastral por el coeficiente multiplicador, sin embargo una Sentencia del Tribunal Supremo vino a decir que ese método no era adecuado y que no se ajustaba a derecho por su generalidad y falta de motivación.

Así las cosas, la Junta de Andalucía se vio en la necesidad de cambiar de método de comprobación de valores, siendo desde entonces que utiliza el regulado en el artículo 57.1.g) de la Ley General Tributaria, que se denomina “valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.”

Téngase en cuenta que ese método viene avalado por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 2.ª) de 7 de diciembre de 2011, fijando la siguiente doctrina legal: «La utilización por la Administración Tributaria del medio de comprobación de valores previsto en el apartado g) del artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria”), en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, no requiere ninguna carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de comprobación de valores , por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la existencia de algún elemento de defraudación que deba corregirse» («B.O.E.» 8 marzo 2012).

Es decir, la Administración no viene obligada a justificar que el valor de tasación es coincide con el valor real de la transmisión (base imponible del impuesto).

Ahora bien, existen multitud de motivos para atacar una comprobación de valores y liquidación complementaria realizada en base a este método del artículo 57.1.g) de la Ley General Tributaria, motivos que habrá que estudiar caso a caso para decidir la opción que nos conduzca al éxito.

En definitiva, no lo dude, si le notifican una comprobación de valores y liquidación complementaria por el impuesto transmisiones patrimoniales llame a GM Abogados. Probablemente, podremos conseguir que sea anulada y no le cobren nada más.

Fdo.: Guillermo Gómez Morales.

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